La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección presentado por un func…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección presentado por un funcionario público del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, dejando sin efecto su destitución y ordenando su reincorporación. El tribunal consideró que la sanción fue desproporcionada y arbitraria, ya que la calificación de las denuncias realizadas por el recurrente como violatorias del principio de probidad resultó contraria a la normativa aplicable. Además, se vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación, al no haberse sumariado a otros funcionarios por denuncias similares. La Corte concluyó que la medida impuesta no se ajustó a los antecedentes del caso.
Normas citadas
Ley 18.575
Resolución Exenta N° 1591
Ley 18.834
Ley N° 19.880
Código Orgánico de Tribunales
Artículo 62 de la ley 18.575
Artículo 3 de la Ley N° 19.880
Artículo 54 de la Ley N° 19.880
recurso de proteccióndestitución funcionario públicoprincipio de probidad administrativadeber de denunciarproporcionalidad de la sancióndesviación de poderdolo directoigualdad ante la ley
Preguntas frecuentes
¿Procede dejar sin efecto la destitución de un funcionario público si la sanción fue desproporcionada y arbitraria?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de protección y dejó sin efecto la destitución, porque consideró que la sanción fue desproporcionada y arbitraria. Ordenó la reincorporación del funcionario.
¿Puede una destitución ser revisada por vía de recurso de protección cuando vulnera la igualdad ante la ley?
En este caso, la Corte acogió el recurso porque se vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación, al no haberse sumariado a otros funcionarios por denuncias similares. La Corte concluyó que la medida no se ajustó a los antecedentes del caso.
¿Constituye una denuncia de un funcionario público sobre hechos de corrupción una infracción al principio de probidad administrativa?
En este caso, la Corte sostuvo que la calificación de las denuncias realizadas por el funcionario como violatorias del principio de probidad resultó contraria a la normativa aplicable. Por eso no podía fundar la sanción en esa calificación.
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