Resumen
La resolución del Tribunal Constitucional en el caso Rol N° establece como Ratio Decidendi que el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 es inaplicable en el caso concreto por vulnerar principios constitucionales como la igualdad ante la ley, la proporcionalidad de las penas y el derecho a un procedimiento racional y justo. La mayoría argumenta que el ius puniendi del Estado no es absoluto y debe ser limitado por principios constitucionales como la dignidad humana, la proporcionalidad y la finalidad de reinserción social de las penas. Se sostiene que la exclusión de penas sustitutivas para ciertos delitos resulta desproporcionada e irracional, ya que no considera la gravedad concreta del delito ni el quantum de la pena, lo que contraviene los estándares de racionalidad y justicia establecidos en los artículos 19, N°s 2° y 3°, inciso sexto, de la Constitución. Además, se destaca que las penas sustitutivas no son sinónimo de impunidad, sino que constituyen sanciones que restringen derechos personales y buscan la reinserción social y la no reincidencia, siendo más equilibradas entre los derechos del condenado, las víctimas y la sociedad. Como Obiter Dicta, se menciona que el sistema de penas alternativas, reforzado por la Ley N° 20.603, prioriza la aplicación de medidas sustitutivas sobre la privación de libertad, y que históricamente los sistemas carcelarios han demostrado ser ineficaces para la rehabilitación de los condenados. Asimismo, se resalta que el legislador no puede prescindir de la finalidad de reinserción social al establecer reglas de punición, y que las penas sustitutivas constituyen una herramienta más adecuada para cumplir con los fines de protección de las víctimas y la seguridad pública. Finalmente, se concluye que la disposición legal impugnada es incompatible con la Constitución debido a su desproporción e inequidad en relación con otros delitos de mayor gravedad, lo que justifica su inaplicabilidad en el caso concreto.