El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido contra la oración que ordena la capitalización mensual de los intereses penales del inciso decimotercero del artículo 19 del D.L. N° 3.500, en el marco de la cobranza de cotizaciones previsionales. La requirente sostenía que la norma vulneraba el principio non bis in idem y la proporcionalidad de las sanciones. El Tribunal concluyó que la oración impugnada no era aplicable a la gestión pendiente, porque la deuda cobrada correspondía a cotizaciones, intereses y reajustes por el no pago oportuno de la obligación de cotizar de un empleador afecto a una Mutualidad, materia regulada por los artículos 22 y 22 A de la Ley N° 17.322 y no por el D.L. N° 3.500. Agregó que el tribunal de la gestión había dejado sin efecto la medida cautelar al estar solucionado el crédito, por lo que no existía deuda sobre la cual aplicar la norma. En consecuencia, rechazó el requerimiento en todas sus partes, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no condenó en costas a la requirente.
Normas citadas
artículo 19, inciso 13, de DL 3500 - ESTABLECE NUEVO SISTEMA DE PENSIONES
Tribunal ConstitucionalINAAnatocismoDerecho De La Seguridad SocialCotizaciones previsionales
Preguntas frecuentes
¿Puede alegarse vulneración del principio non bis in idem por el cobro de intereses penales en materia previsional?
En este caso, el Tribunal no entró al fondo de la alegación de vulneración del non bis in idem ni de la proporcionalidad de las sanciones. Rechazó el requerimiento al concluir que la norma no era aplicable a la gestión pendiente, por lo que no resolvió si la disposición es constitucional.
¿Qué ocurre con un requerimiento de inaplicabilidad si la deuda ya fue pagada y la medida cautelar quedó sin efecto?
En este caso, el Tribunal sostuvo que, al quedar solucionado el crédito y dejada sin efecto la medida cautelar por el tribunal de la gestión, no existía deuda sobre la cual aplicar la norma impugnada. Por ello rechazó el requerimiento en todas sus partes, sin condena en costas.
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