Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que un bien mueble dado de baja puede ser adjudicado a un funcionario público que lo haya tenido bajo su cargo, sin que ello, por sí solo, constituya una contravención al principio de probidad administrativa. El dictamen señala que la enajenación debe realizarse mediante remate o subasta pública, donde prima la libre concurrencia y la igualdad de los oferentes, adjudicándose al mejor postor. Se indica que no existe una prohibición legal expresa que impida a los servidores públicos adquirir bienes en estas condiciones, siempre que se respeten los principios de probidad, imparcialidad y transparencia. No obstante, se advierte que situaciones irregulares comprobadas podrían generar responsabilidades administrativas, civiles o penales.