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La Contraloría General de la República dictaminó que un bien mueble dado de baja puede…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que un bien mueble dado de baja puede ser adjudicado a un funcionario público que lo haya tenido bajo su cargo, sin que ello, por sí solo, constituya una contravención al principio de probidad administrativa. El dictamen señala que la enajenación debe realizarse mediante remate o subasta pública, donde prima la libre concurrencia y la igualdad de los oferentes, adjudicándose al mejor postor. Se indica que no existe una prohibición legal expresa que impida a los servidores públicos adquirir bienes en estas condiciones, siempre que se respeten los principios de probidad, imparcialidad y transparencia. No obstante, se advierte que situaciones irregulares comprobadas podrían generar responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Normas citadas

  • POL art/8 inc/1
  • ley 18575 art/62 num/1
  • POL art/19 num/23
  • DL 1056/75 art/8 inc/1
  • DL 1056/75 art/9
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un funcionario público comprar un bien mueble dado de baja que tuvo bajo su cargo?

Según este dictamen de la Contraloría, sí, porque no existe una prohibición legal expresa, siempre que la enajenación se haga mediante remate o subasta pública y se respeten los principios de probidad, imparcialidad y transparencia. Si se comprueban irregularidades, podrían generarse responsabilidades administrativas, civiles o penales.

¿Qué procedimiento debe seguirse para enajenar bienes muebles dados de baja por un órgano público?

En este caso, la Contraloría señaló que la enajenación debe realizarse mediante remate o subasta pública, donde prima la libre concurrencia y la igualdad de los oferentes, adjudicándose el bien al mejor postor.

¿La adjudicación de un bien dado de baja a un funcionario vulnera por sí sola el principio de probidad administrativa?

No, de acuerdo con este dictamen, la adjudicación no constituye por sí sola una contravención al principio de probidad administrativa, aunque deben respetarse los principios de probidad, imparcialidad y transparencia en el proceso.

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