Resumen del criterio jurisprudencial
La nueva Ley de Seguridad Privada, que entra en vigencia el 28 de noviembre, transforma profundamente los criterios de fiscalización y obliga a empresas de alto riesgo a rediseñar sus planes de seguridad. No adaptarse a tiempo podría implicar sanciones millonarias, clausuras y pérdida de operaciones.