Resumen
La Contraloría General de la República determinó que la decisión del Intendente de la XII Región de desistirse de anexar un terreno fiscal al recinto de la Z.F.P.A. se ajustó a derecho, al estar suficientemente fundamentada en el contexto de la revisión del cumplimiento integral de las obligaciones de la sociedad concesionaria y del ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras. Se desestimó la alegación de la peticionaria, pues la destinación del inmueble no constituía una obligación para el Ministerio de Hacienda, ya que requería modificaciones al decreto y al contrato de concesión que no se realizaron. No obstante, se ordenó al Intendente, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Bienes Nacionales definir el futuro del inmueble fiscal, coordinándose para satisfacer los intereses fiscales, e informar a la Contraloría en 30 días hábiles. Además, se recordó al Intendente su obligación de atender con prontitud las alegaciones de los particulares, dado que transcurrieron alrededor de cuatro años desde el primer requerimiento, lo que contravino los principios de oportunidad y celeridad.