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La Contraloría General de la República dictaminó que los municipios no están obligados…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2025

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que los municipios no están obligados a hacer partícipes a sus funcionarios en la elaboración del protocolo de prevención de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual, incorporado por la Ley Karin, ni dicho instrumento debe ser aprobado por el concejo municipal. No obstante, como medida de buena administración, los municipios pueden socializar el protocolo con los servidores y considerar su opinión. Además, las asociaciones de funcionarios pueden intervenir en su estudio y confección si la autoridad lo resuelve favorablemente, sin que pueda rechazar la solicitud infundadamente. El dictamen se basa en que la Ley Karin no modificó las normas sobre participación ni las atribuciones del concejo municipal.

Normas citadas

  • Ley 18575 art/14
  • ley 19296 art/25 inc/fin
  • ley 18695 art/65
  • ley 18695 art/79
  • ley 21643
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Los municipios deben hacer partícipes a sus funcionarios en la elaboración del protocolo de la Ley Karin y someterlo a aprobación del concejo municipal?

En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que no están obligados a hacerlos partícipes ni a que el concejo municipal apruebe el protocolo. Sin embargo, pueden socializarlo con los servidores y considerar su opinión como buena administración.

¿Pueden las asociaciones de funcionarios municipales intervenir en la confección del protocolo de prevención del acoso laboral y sexual?

En este caso, la Contraloría sostuvo que sí pueden intervenir si la autoridad municipal lo resuelve favorablemente. La autoridad no puede rechazar esa solicitud de manera infundada.

¿La Ley Karin modificó las atribuciones del concejo municipal y las normas sobre participación de los funcionarios municipales?

En este caso, la Contraloría concluyó que la Ley Karin no modificó las normas sobre participación ni las atribuciones del concejo municipal. Por eso el dictamen mantiene el régimen vigente sobre esas materias.

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