El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por acceso a la información pública…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por acceso a la información pública presentado contra el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, tras solicitudes de copias de acuerdos, oficios y antecedentes sobre planos y documentos vinculados a un proyecto inmobiliario. El órgano reclamado no habría entregado la información ni se habría pronunciado dentro de plazo, lo que motivó el reclamo. En su decisión, el Consejo acogió la reclamación y ordenó al Gobierno Regional pronunciarse sobre lo requerido y entregar la información solicitada, fijando un plazo de quince días hábiles para dar cumplimiento, bajo las advertencias legales correspondientes. Asimismo, el fallo se refiere a las vías de reclamación disponibles y a la publicación de la decisión conforme a la Ley de Transparencia, además de comunicar lo resuelto a la Dirección Jurídica del organismo y al servicio correspondiente.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGestión y administración territorial (Urbanismo)
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el órgano público no responde una solicitud de acceso a la información dentro de plazo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo porque el órgano reclamado no entregó la información ni se pronunció dentro de plazo, y le ordenó pronunciarse y entregar lo solicitado en quince días hábiles.
¿Qué puede hacer un solicitante si un Gobierno Regional no entrega la información pedida sobre acuerdos y antecedentes de un proyecto?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió la reclamación presentada contra el Gobierno Regional y le ordenó entregar la información solicitada, fijando un plazo de quince días hábiles bajo las advertencias legales correspondientes.
¿El Consejo para la Transparencia puede ordenar a un órgano público que se pronuncie y entregue información solicitada?
En este caso, el Consejo acogió la reclamación y ordenó al Gobierno Regional pronunciarse sobre lo requerido y entregar la información solicitada, fijando un plazo de quince días hábiles para dar cumplimiento.
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