El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada contra…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2012
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada contra la adjudicación de una licitación pública convocada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para contratar una consultoría de asistencia técnica en autoevaluación y gestión de calidad municipal. La parte impugnante sostenía que la actuación de la entidad demandada habría sido ilegal o arbitraria. El Tribunal rechazó en todas sus partes la acción, al concluir que la evaluación de las ofertas se realizó con estricta aplicación de las Bases Administrativas y Técnicas y que la oferta adjudicada resultó la más ventajosa conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.886 y a su Reglamento. No se acreditó incumplimiento de las normas que regían el proceso licitatorio ni arbitrariedad en la consideración de los criterios de evaluación, por lo que se desestimaron las pretensiones. Cada parte pagó sus costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Qué debe acreditar un impugnante para que el Tribunal de Contratación Pública acoja una acción contra una adjudicación de licitación?
En este caso, el Tribunal rechazó la acción porque no se acreditó incumplimiento de las normas del proceso licitatorio ni arbitrariedad en la consideración de los criterios de evaluación. La sola alegación de ilegalidad o arbitrariedad no bastó.
¿Cómo se determina que una oferta es la más ventajosa en una licitación pública?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la oferta adjudicada resultó la más ventajosa conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.886 y su Reglamento, tras una evaluación con estricta aplicación de las Bases Administrativas y Técnicas.
¿Quién paga las costas cuando se rechaza una impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública?
En este caso, al rechazarse en todas sus partes la acción de impugnación, el Tribunal dispuso que cada parte pagara sus propias costas.
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Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2012
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