El Tribunal Constitucional, en el marco de un requerimiento de inaplicabilidad por inco…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional, en el marco de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, dictó un proveído de tramitación en que ordenó dar cuenta del asunto en la Primera Sala y designó a una relatora para su conocimiento. La decisión se fundó en las atribuciones conferidas por el artículo 93, inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política, así como en los artículos 8°, letras b) y d); 32; y 79 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Se trata de un acto procesal destinado a la distribución del caso a la sala correspondiente.
Normas citadas
Artículo 93, inciso primero, N° 6, Constitución Política de la República
Artículo 93, inciso undécimo, Constitución Política de la República
Artículo 8°, letras b) y d), Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
Artículo 32, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
Artículos 79 y siguientes, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
¿Qué hace el Tribunal Constitucional cuando recibe un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional dictó un proveído de tramitación que ordenó dar cuenta del requerimiento en la Primera Sala y designó a una relatora para su estudio. Es un acto procesal de distribución del asunto a la sala correspondiente.
¿Qué normas fundamentan la tramitación de un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?
Según este documento, la tramitación se funda en el artículo 93, incisos primero, N° 6, y undécimo, de la Constitución, y en los artículos 8°, letras b) y d), 32, y 79 y siguientes de su Ley Orgánica Constitucional. Estas disposiciones sirvieron de base al proveído dictado en este caso.
¿Un proveído de tramitación del Tribunal Constitucional resuelve el fondo de un requerimiento de inaplicabilidad?
No. En este caso, el proveído solo distribuyó el asunto a la Primera Sala y designó a una relatora, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del precepto cuestionado. El fondo se decidirá posteriormente por la sala competente.
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