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El Tribunal de Contratación Pública conoció de una impugnación contra la adjudicación d…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2016

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció de una impugnación contra la adjudicación de una licitación pública del Instituto Nacional de Deportes para el servicio de protección y seguridad del Estadio Nacional y centros deportivos. La recurrente sostuvo que la adjudicataria incluyó la planilla de remuneraciones de los trabajadores dentro de su oferta económica en lugar de la oferta técnica, incumpliendo las bases, y que la comisión evaluadora dio por cumplido ese requisito mal presentado. El Tribunal acogió parcialmente la acción y declaró ilegales la resolución de adjudicación y el acta de evaluación de ofertas, al constatar que ello afectó la correcta evaluación de las propuestas, rechazando la impugnación en todo lo demás. Reconoció a la recurrente el derecho a entablar las acciones indemnizatorias y administrativas que estime pertinentes, y dispuso que cada parte pagara sus propias costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal de Contratación Pública declarar ilegal una adjudicación si la comisión evaluadora dio por cumplido un requisito mal presentado en la oferta?

En este caso, el Tribunal acogió parcialmente la impugnación y declaró ilegales la resolución de adjudicación y el acta de evaluación, al constatar que el error en la presentación de la planilla afectó la correcta evaluación de las propuestas.

¿Qué ocurre si un oferente incluye la planilla de remuneraciones en la oferta económica en vez de la técnica?

En este caso, el Tribunal consideró que incluir la planilla de remuneraciones en la oferta económica en lugar de la técnica incumplía las bases y afectó la correcta evaluación de las propuestas, lo que llevó a declarar ilegales la adjudicación y el acta de evaluación.

¿Reconoce el Tribunal de Contratación Pública el derecho a indemnización al recurrente que impugna una adjudicación?

En este caso, el Tribunal reconoció a la recurrente el derecho a entablar las acciones indemnizatorias y administrativas que estimara pertinentes, y dispuso que cada parte pagara sus propias costas.

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