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La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo interpuesto por el di…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo interpuesto por el director jurídico de la Municipalidad de Llay Llay contra el Juzgado de Garantía de San Felipe y funcionarios policiales. Se impugnó la autorización verbal que dispuso la incautación del computador laboral y teléfono personal del recurrente, así como su retención por varias horas en su oficina. La Corte consideró que la autorización judicial careció de fundamentación suficiente, al no expresar los motivos de hecho y derecho que la justificaban, y que la retención constituyó una privación ilegal de libertad. Se declaró la ilegalidad de las diligencias practicadas, ordenando la restitución de los objetos incautados y la eliminación de lo obtenido, con base en los artículos 21 de la Constitución y 217 del Código Procesal Penal.

Normas citadas

  • Artículo 21 Constitución Política de la República
  • Artículo 217 Código Procesal Penal
  • Artículo 9 Código Procesal Penal
  • Artículo 36 Código Procesal Penal
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Preguntas frecuentes

¿Puede un juez de garantía autorizar verbalmente la incautación de un computador y un teléfono sin fundamentar la medida?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso sostuvo que la autorización judicial careció de fundamentación suficiente, al no expresar los motivos de hecho y de derecho que la justificaban, y declaró ilegales las diligencias practicadas.

¿Qué pasa si la policía retiene a una persona en su oficina durante horas durante una diligencia de incautación?

En este caso, la Corte consideró que la retención de varias horas constituyó una privación ilegal de libertad, lo que llevó a acoger el recurso de amparo.

¿Qué efectos tiene la declaración de ilegalidad de una incautación en el proceso penal?

En este caso, la Corte ordenó la restitución de los objetos incautados y la eliminación de lo obtenido con las diligencias, con base en los artículos 21 de la Constitución y 217 del Código Procesal Penal.

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