El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo de acceso a la información presentado contra la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales por los convenios de adquisición de vacunas contra el COVID-19. El organismo ordenó la entrega de los convenios solicitados, pero mantuvo en reserva la estructura de costos y la logística o distribución, por estimar que su divulgación afectaría el interés nacional y la salud pública, y podría condicionar las negociaciones de futuros contratos del Estado. En la parte resolutiva, el Consejo advirtió que no es el órgano mejor posicionado para determinar qué cláusulas específicas podrían afectar dichos bienes jurídicos, aunque la información recabada fue suficiente para resolver la controversia. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y se notificó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, sin que proceda el recurso de reposición administrativo.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Constitución Política de la República
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede denegar el acceso a información pública invocando el interés nacional y la salud pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y mantuvo en reserva la estructura de costos y la logística de los convenios, por estimar que su divulgación afectaría el interés nacional y la salud pública.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia en un amparo de acceso a la información?
En este caso, el Consejo notificó que en contra de su decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, sin que proceda el recurso de reposición administrativo.
¿El Consejo para la Transparencia puede determinar qué cláusulas específicas de un contrato afectan el interés nacional?
En este caso, el Consejo advirtió que no es el órgano mejor posicionado para determinar qué cláusulas específicas podrían afectar dichos bienes jurídicos, aunque la información recabada fue suficiente para resolver la controversia.
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