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La Contraloría General de la República respondió una consulta parlamentaria sobre liceo…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República respondió una consulta parlamentaria sobre liceos de administración delegada en Ñuñoa. Precisó que la supervisión metodológica y el control de los recursos fiscales entregados a los establecimientos educacionales cuya administración fue traspasada corresponde al Ministerio de Educación y no a la Contraloría, pues una vez transferidos esos fondos pasan a formar parte del patrimonio de las entidades receptoras y dejan de tener calidad de públicos, aunque mantienen la obligación de destinarse a la finalidad prevista en los convenios. Por ello, es competencia de esa cartera ministerial efectuar el reconocimiento de cursos, obtener las rendiciones de cuentas e identificar el régimen laboral y de reajustabilidad de las remuneraciones de los trabajadores. Además, el informe advierte que la corporación sostenedora no postuló a los cupos previstos en la ley sobre desarrollo profesional docente, sin señalar los motivos.

Normas citadas

  • DL 3166/80 art/1 inc/1
  • DL 3166/80 art/4 inc/1
  • DL 3166/80 art/5
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Quién fiscaliza los recursos fiscales transferidos a liceos de administración delegada?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la supervisión metodológica y el control de esos recursos corresponde al Ministerio de Educación, no a la Contraloría, porque una vez transferidos pasan a formar parte del patrimonio de la entidad receptora.

¿Los fondos transferidos a establecimientos educacionales mantienen la calidad de públicos?

En este caso, la Contraloría precisó que, una vez transferidos, esos fondos dejan de tener calidad de públicos, aunque mantienen la obligación de destinarse a la finalidad prevista en los convenios.

¿A quién corresponde obtener las rendiciones de cuentas de los recursos entregados a liceos de administración delegada?

En este caso, la Contraloría indicó que es competencia del Ministerio de Educación efectuar el reconocimiento de cursos, obtener las rendiciones de cuentas e identificar el régimen laboral y de reajustabilidad de las remuneraciones de los trabajadores.

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