La Dirección del Trabajo dictaminó que es procedente que el gerente y los empleados de…
Dictamen · Dirección del Trabajo · 1997
Resumen
La Dirección del Trabajo dictaminó que es procedente que el gerente y los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Temuco Ltda. presten servicios bajo un vínculo de subordinación y dependencia, propio de un contrato de trabajo, a pesar de ser socios de la misma. El dictamen se fundamenta en que el gerente actúa como mero ejecutor de las órdenes del Consejo de Administración, según los estatutos que establecen su dependencia y vigilancia. Respecto al personal administrativo, la calidad de socio no impide la subordinación, ya que los estatutos prohíben que quienes desempeñen cargos rentados pertenezcan a órganos directivos. Además, la limitación de propiedad de capital (máximo 10%) evita la confusión de voluntades. En consecuencia, se concluye que existe una relación laboral.
Normas citadas
Código del Trabajo
Ley 18.018
D.L. 3.350
Decreto Supremo 502
Artículo 3º del Código del Trabajo
Preguntas frecuentes
¿Puede un socio de una cooperativa de ahorro y crédito tener también un contrato de trabajo con ella?
En este caso, la Dirección del Trabajo dictaminó que sí, porque la calidad de socio no impide la subordinación y dependencia propias de un contrato de trabajo cuando los socios prestan servicios a la cooperativa.
¿Existe relación laboral entre una cooperativa y su gerente si este actúa como ejecutor de las órdenes del Consejo de Administración?
En este caso, la Dirección del Trabajo concluyó que sí existe relación laboral, porque el gerente actúa como mero ejecutor de las órdenes del Consejo de Administración, conforme a los estatutos que establecen su dependencia y vigilancia.
¿Qué efecto tiene que los estatutos de una cooperativa prohíban que quienes tengan cargos rentados formen parte de sus órganos directivos?
En este caso, la Dirección del Trabajo sostuvo que esa prohibición confirma que el personal administrativo está sujeto a subordinación, y que la limitación de la propiedad de capital a un máximo de 10% evita la confusión de voluntades entre socio y trabajador.
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