El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Comisión Nacional de Acredi…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Comisión Nacional de Acreditación, que se había negado a entregar los informes relativos al proceso de acreditación de la carrera de Licenciatura en Historia de la Universidad Diego Portales, correspondientes a los años 2013 y 2016. El Consejo estimó que existe un interés público en conocer esta información, pues su publicidad permite el control social sobre los estándares de calidad de la educación superior y sobre los procedimientos utilizados para garantizarla, sin que se configurara la afectación de derechos invocada por el tercero involucrado. Se ordenó la entrega de la documentación previo tarjado de los datos personales de contexto, en conformidad con la Ley de protección de la vida privada, debiendo cumplirse en un plazo de 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEducación
Preguntas frecuentes
¿Se pueden pedir a la Comisión Nacional de Acreditación los informes de acreditación de una carrera universitaria?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar los informes de acreditación de una carrera de Historia, porque su publicidad permite el control social sobre los estándares de calidad de la educación superior.
¿Puede un tercero involucrado oponerse a la entrega de informes de acreditación de una universidad por transparencia?
En este caso, el Consejo estimó que no se configuró la afectación de derechos invocada por el tercero involucrado, por lo que no impidió la entrega de la documentación.
¿Qué datos se deben proteger al entregar documentos de acreditación universitaria en un amparo de transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó la entrega previo tarjado de los datos personales de contexto, conforme a la Ley de protección de la vida privada. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
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