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La Corte Suprema acogió el reclamo de una ciudadana venezolana contra su expulsión del…

Sentencia · Corte Suprema · 2024

Resumen

La Corte Suprema acogió el reclamo de una ciudadana venezolana contra su expulsión del país, al considerar que la resolución administrativa carecía de fundamentación suficiente. La actora es madre de un hijo chileno, circunstancia de arraigo familiar sobreviniente que la autoridad migratoria no ponderó, pese a ser exigido por el artículo 129 de la Ley N°21.325. El tribunal anuló el acto administrativo y ordenó a la autoridad emitir un nuevo pronunciamiento que considere dicho arraigo. Se revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que había rechazado la reclamación.

Normas citadas

  • Artículo 141 de la Ley N°21.325
  • Artículo 129 de la Ley N°21.325
  • Artículo 8° de la Constitución Política de la República
  • Ley N°19.880 (sobre actos administrativos)
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Preguntas frecuentes

¿Puede expulsarse a un extranjero que tiene un hijo chileno sin que la autoridad migratoria considere ese arraigo familiar?

No, según este fallo. La Corte Suprema sostuvo que la expulsión de una madre con un hijo chileno carecía de fundamentación suficiente, porque la autoridad no ponderó el arraigo familiar sobreviniente que exige el artículo 129 de la Ley N°21.325. Anuló el acto y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento que considere ese arraigo.

¿Qué efecto tiene la falta de fundamentación de una resolución de expulsión administrativa en Chile?

En este caso, la Corte Suprema acogió el reclamo porque la resolución de expulsión no estaba suficientemente fundada, lo que llevó a anularla. Además, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que había rechazado la reclamación.

¿Cuándo debe la Corte Suprema anular una orden de expulsión y ordenar a la autoridad migratoria emitir una nueva resolución?

En este caso, el tribunal anuló el acto administrativo de expulsión y ordenó a la autoridad emitir un nuevo pronunciamiento que considere el arraigo familiar de la reclamante con su hijo chileno. La decisión se fundó en la omisión de esa ponderación exigida por la Ley N°21.325.

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