Resumen del criterio jurisprudencial
Una extensa toma de terreno en el Cerro Centinela de San Antonio, que involucra a casi 4.000 familias y un conflicto entre privados y el Estado, revela una red de omisiones municipales, presiones económicas y vacíos normativos. Mientras el Ministerio de Vivienda evalúa la compra del predio por más de 45 mil millones de pesos, crece la preocupación por el precedente que esta situación podría sentar en el mercado del suelo y en futuras ocupaciones irregulares.