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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó al Ejército de Chile entrega…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó al Ejército de Chile entregar al reclamante copia de la hoja de vida de un funcionario consultado. El Consejo fundó su decisión en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, obligación de rango constitucional que exige transparentar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En aplicación del principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia, se ordenó tarjar los datos personales de contexto, así como las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, conforme a la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. El organismo deberá cumplir en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada y acreditar la entrega efectiva. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, en el plazo de quince días corridos.

Normas citadas

  • Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoDefensa

Preguntas frecuentes

¿Un organismo del Estado debe entregar la hoja de vida de un funcionario cuando un ciudadano la solicita?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó al Ejército de Chile entregar copia de la hoja de vida del funcionario consultado, fundado en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia.

¿Se pueden tarjar datos personales al entregar información pública sobre un funcionario?

Sí, en este caso el Consejo aplicó el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia y ordenó tarjar los datos personales de contexto, así como las sanciones prescritas o cumplidas, conforme a la Ley N° 19.628.

¿Qué plazo tiene el organismo para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia y contra qué se puede reclamar?

En este caso, el organismo debe cumplir en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada y acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, en quince días corridos.

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