Resumen
Un grupo de juntas de vecinos de la comuna de Pucón dedujo un recurso de protección contra la Dirección General de Aguas (DGA) por ordenar la restitución de un pretil en el río Trafampulli, que había sido destruido en 2022, con el fin de devolver el cauce a su estado natural. Los recurrentes alegaron que dicha actuación era arbitraria e ilegal, y que debía someterse al S.E.I.A., ya que se afectaría el lago Caburgua y áreas protegidas. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso, pero la DGA apeló. La Corte Suprema revocó la sentencia de alzada y rechazó el recurso de protección. El tribunal concluyó que la DGA actuó dentro de sus facultades legales al ordenar la restitución del cauce, y que dicha medida no constituye una obra nueva sujeta a evaluación ambiental, sino la corrección de una alteración ilegal. Asimismo, consideró que no se acreditó que la zona estuviera bajo protección oficial que exigiera un estudio de impacto ambiental.