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La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó, con costas, un recurso de protección pr…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2014

Resumen

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó, con costas, un recurso de protección presentado por dos sociedades mineras en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta. Las recurrentes impugnaban una resolución de ese organismo que autorizó la constitución de una servidumbre voluntaria para la construcción de una línea de transmisión eléctrica de un parque eólico sobre terrenos fiscales. El tribunal concluyó que el acto administrativo no era ilegal, pues fue dictado conforme a las facultades que las leyes otorgan a la recurrida y se enmarca en la normativa vigente, ni arbitrario, porque estaba claramente fundado y basado en criterios técnicos. Al no constatarse ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del organismo, la Corte descartó que se hubiera vulnerado el derecho de propiedad invocado por las recurrentes.

Normas citadas

  • Resolución Exenta N° 146
  • Ley 1939
  • Decreto Ley 1939
  • Código de Minería
  • Ley N° 18.575
  • Ley 19.880
  • Decreto Supremo N° 79
  • Código Civil
Proteccion

Preguntas frecuentes

¿Es arbitrario o ilegal un acto administrativo que autoriza una servidumbre sobre terrenos fiscales para una línea eléctrica?

En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso y concluyó que el acto no era ilegal, pues fue dictado conforme a las facultades legales del organismo, ni arbitrario, porque estaba fundado en criterios técnicos.

¿Vulnera el derecho de propiedad una resolución que autoriza una servidumbre voluntaria en terrenos fiscales?

En este caso, la Corte descartó la vulneración del derecho de propiedad invocado, al no constatar ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del organismo que autorizó la servidumbre.

¿Procede el recurso de protección contra una resolución que autoriza una servidumbre para un parque eólico en terrenos fiscales?

En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó con costas el recurso de protección, pues el acto administrativo se ajustó a la normativa vigente y no fue ilegal ni arbitrario.

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