Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte constató que la clausura fue decretada por el Director de Obras Municipales, careciendo de competencia legal privativa del Alcalde. Además, destacó que el propietario actuó de buena fe tras un incendio, inició la regularización del inmueble y que la imposición de la clausura fue arbitraria, vulnerando su derecho a desarrollar una actividad económica lícita y alterando la confianza legítima generada por la administración.