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La Contraloría General de la República dio curso al decreto N° 484, de 2009, de la Univ…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República dio curso al decreto N° 484, de 2009, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que otorga al personal de esa casa de estudios un reajuste de remuneraciones, por ajustarse a derecho. No obstante, le hizo presente que debe adoptar medidas para que los actos administrativos de esa naturaleza sean dictados e ingresados oportunamente al trámite de toma de razón. Lo fundó en que el retardo configura una infracción al artículo 8° de la ley N° 18.575, que obliga a los órganos de la Administración a actuar por propia iniciativa y a simplificar y agilizar los trámites, y al artículo 7° de la ley N° 19.880, que consagra el principio de celeridad en los procedimientos administrativos, criterio reiterado en los dictámenes N°s 27.815, de 2008, y 32.749, de 2009.

Normas citadas

  • Ley 18575 art/8
  • dfl 1/19653/2000 sepre
  • ley 19880 art/7 dfl 1/19653/2000 sepre
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría dar curso a un decreto de reajuste de remuneraciones y, al mismo tiempo, reprochar su tardanza en la toma de razón?

Sí. En este caso, la Contraloría dio curso al decreto de reajuste por ajustarse a derecho, pero advirtió que la universidad debe dictar e ingresar oportunamente estos actos, porque el retardo infringe los principios de celeridad y de simplificación de trámites.

¿Qué normas fundamentan la obligación de la Administración de actuar con celeridad en la tramitación de sus actos?

En este dictamen, la Contraloría fundó la exigencia en el artículo 8° de la ley N° 18.575, que obliga a los órganos a actuar por propia iniciativa y a simplificar y agilizar trámites, y en el artículo 7° de la ley N° 19.880, que consagra el principio de celeridad.

¿Qué consecuencia tiene para un órgano público demorar el ingreso de sus decretos a toma de razón?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el retardo configura una infracción a la normativa de agilidad y celeridad administrativa, por lo que le exigió adoptar medidas para que estos actos se dicten e ingresen oportunamente, criterio que reiteró de dictámenes anteriores.

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