Resumen del criterio jurisprudencial
La sentencia establece la responsabilidad del ente municipal ante la omisión de sus funciones de fiscalización y control sobre las actividades recreativas en espacios públicos. Se fundó la decisión en la protección de la integridad moral y la intimidad familiar frente a niveles de ruido que superaron los márgenes legales permitidos. Además de la compensación económica, el fallo impone a la administración la obligación de adoptar medidas correctivas estructurales para garantizar el cese de las perturbaciones acústicas en el sector.