El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Municipalidad de Lo Prado. La decisión se fundó en que no se cumplió el requisito previo de constatar la falta de publicación de antecedentes en el sitio electrónico del órgano, en particular la declaración de patrimonio e intereses exigida por la Ley Nº 20.880. El Consejo reiteró lo resuelto previamente en un reclamo anterior sobre la misma materia y precisó que las controversias surgidas en el desarrollo de una licitación no son de su competencia. Contra esta resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde su notificación, sin que proceda recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
LOC de Municipalidades
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Puede presentarse un reclamo de transparencia activa ante el Consejo para la Transparencia sin antes verificar que el órgano no publicó la información?
No, según esta resolución. El Consejo declaró inadmisible el reclamo porque no se cumplió el requisito previo de constatar la falta de publicación de antecedentes en el sitio electrónico del órgano, en particular la declaración de patrimonio e intereses.
¿El Consejo para la Transparencia puede resolver controversias surgidas durante una licitación pública?
No. En este caso, el Consejo precisó que las controversias surgidas en el desarrollo de una licitación no son de su competencia, por lo que no puede conocerlas.
¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo procede reposición o reclamo de ilegalidad?
En este caso, no procede recurso de reposición. Procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde su notificación.
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