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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de una entidad li…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2018

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de una entidad licitante para declarar desierto un proceso licitatorio. El Hospital Roberto del Río inició un procedimiento de invalidación de la adjudicación y declaró desierta la licitación, debido a que las bases del concurso no definían los instrumentos para acreditar los criterios de evaluación, lo que impedía una adecuada evaluación. La Contraloría concluyó que la autoridad administrativa se ajustó a sus atribuciones al invalidar la adjudicación y declarar desierto el concurso, ya que las bases no cumplían con el contenido mínimo exigido por el artículo 22, N° 7, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y la invalidación se realizó conforme a los artículos 53 y 55 de la ley N° 19.880. Por lo tanto, no se formularon observaciones a dichas actuaciones.

Normas citadas

  • ley 19880 art/53 inc/1
  • ley 19880 art/55
  • dto 250/2004 hacie art/22 num/7
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una entidad licitante declarar desierta una licitación si las bases no definen cómo se acreditan los criterios de evaluación?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que sí, porque las bases no definían los instrumentos para acreditar los criterios de evaluación y no cumplían el contenido mínimo exigido por el artículo 22, N° 7, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

¿Procede invalidar la adjudicación de una licitación pública según la ley 19.880?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el hospital actuó conforme a sus atribuciones al iniciar el procedimiento de invalidación de la adjudicación, ajustándose a los artículos 53 y 55 de la ley N° 19.880, y no formuló observaciones a esas actuaciones.

¿Qué sucede con una licitación cuando la autoridad invalida la adjudicación y las bases son deficientes?

En este caso, la Contraloría concluyó que la autoridad administrativa podía invalidar la adjudicación y declarar desierto el concurso, porque las bases no cumplían con los requisitos mínimos para permitir una evaluación adecuada.

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