Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de una resolución del Instituto de Previsión Social que declaró vacante el cargo de una funcionaria por salud irrecuperable, aunque formuló alcances al acto administrativo. El organismo contralor precisó que el beneficio del artículo 152 del Estatuto Administrativo, que exime al funcionario de trabajar durante seis meses desde la notificación de su irrecuperabilidad y mantiene sus remuneraciones, no constituye una licencia médica, como erróneamente se le denominó en la resolución. Además, corrigió la fecha de término de ese plazo: al haber sido notificada la funcionaria en mayo, los seis meses se cumplían en noviembre, y no en la data consignada en el acto. Por ello, el cese de funciones rige desde el día siguiente al cumplimiento de ese plazo y no desde la fecha indicada en la resolución, la que igualmente fue cursada por ajustarse a derecho, sin perjuicio de la renuncia que la interesada pudiera presentar antes del término del período.