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El Tribunal Constitucional se pronunció sobre un requerimiento de inaplicabilidad por i…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024

Resumen

El Tribunal Constitucional se pronunció sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra la frase del artículo 470, inciso primero, del Código del Trabajo, que limita las excepciones que pueden oponerse en el juicio ejecutivo laboral. La discusión se centró en si esa restricción afectaba el derecho a defensa y la garantía del debido proceso del ejecutado, frente al propósito de otorgar rapidez a la tramitación laboral conforme al principio pro operario. El tribunal, por mayoría y con voto disidente, acogió el requerimiento, al estimar que la celeridad procesal no puede alcanzarse mediante un menoscabo severo del derecho a defensa del ejecutado, elemento propio del debido proceso. En consecuencia, declaró inaplicable la disposición cuestionada en el caso concreto.

Normas citadas

  • artículo 470, inciso 1, de Código del Trabajo
Tribunal ConstitucionalINAJuicio ejecutivoCobranza laboral y de seguridad socialExcepciones ProcesalesDebido ProcesoDerecho a la defensaTutela Judicial Efectiva

Preguntas frecuentes

¿Se puede limitar el derecho a defensa en el juicio ejecutivo laboral para dar celeridad al proceso?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y estimó que la celeridad procesal no puede alcanzarse mediante un menoscabo severo del derecho a defensa del ejecutado, elemento propio del debido proceso.

¿Es inconstitucional la restricción de excepciones en el juicio ejecutivo laboral?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable la frase del artículo 470, inciso primero, del Código del Trabajo que limita las excepciones oponibles en el juicio ejecutivo laboral, por afectar el derecho a defensa y el debido proceso del ejecutado.

¿Qué prima en el juicio ejecutivo laboral: la celeridad o el derecho a defensa?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la celeridad procesal, invocada conforme al principio pro operario, no puede lograrse a costa de un menoscabo severo del derecho a defensa del ejecutado.

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