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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluye de las penas sustitutivas a ciertos delitos. El requirente alegó que la norma infringe el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, y el de proporcionalidad y racionalidad del proceso, al impedir al tribunal sustituir la pena privativa de libertad en determinados delitos, entre ellos el abuso sexual del artículo 366 del Código Penal. El fallo rechazó el requerimiento, apoyándose en consideraciones sobre la racionalidad de las leyes penales y el control constitucional de la legislación penal de seguridad ciudadana. Se registró un voto de minoría que estimó que el requerimiento debió ser acogido.

Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de proporcionalidad de la PenaDeterminación de la penaReinserción socialley de control de armaspenas sustitutivasDebido Proceso

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley excluya ciertos delitos de las penas sustitutivas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que la exclusión de ciertos delitos de las penas sustitutivas no infringe el principio de igualdad ante la ley ni el de proporcionalidad, atendida la racionalidad de las leyes penales.

¿Vulnera el principio de igualdad ante la ley impedir al juez sustituir la pena privativa de libertad en determinados delitos?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó que la norma impugnada vulnere la igualdad ante la ley y no discriminación, apoyándose en el control constitucional de la legislación penal de seguridad ciudadana.

¿Qué criterios considera el Tribunal Constitucional al revisar la constitucionalidad de leyes penales que excluyen penas sustitutivas?

En este caso, el Tribunal Constitucional se apoyó en consideraciones sobre la racionalidad de las leyes penales y el control constitucional de la legislación penal de seguridad ciudadana para rechazar el requerimiento, con un voto de minoría que estimó que debió acogerse.

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