El Consejo para la Transparencia rechazó dos amparos de acceso a la información present…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2014
Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó dos amparos de acceso a la información presentados contra el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que solicitaban informes, minutas y actas sobre la viabilidad de una reforma constitucional. El órgano aplicó la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, al considerar que se trata de antecedentes preliminares protegidos por el privilegio deliberativo: conocer las alternativas analizadas por el Ejecutivo podría restar margen de discrecionalidad a la decisión. Por ello estimó innecesario pronunciarse sobre la otra causal de reserva invocada por el Ministerio. En consecuencia, acordó rechazar ambos amparos y notificar la decisión a la Subsecretaría General de la Presidencia y al solicitante, quien puede interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Puede el Ejecutivo reservar informes y minutas sobre la viabilidad de una reforma constitucional por privilegio deliberativo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó los amparos y aplicó la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, al estimar que se trata de antecedentes preliminares protegidos por el privilegio deliberativo.
¿Qué pasa si se invocan dos causales de reserva y el órgano de transparencia acoge una de ellas?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó innecesario pronunciarse sobre la otra causal de reserva invocada por el Ministerio, tras acoger la del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia notificó al solicitante que puede interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.
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