La Contraloría General de la República representó la Resolución N° 66 de 2012 de la Dir…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República representó la Resolución N° 66 de 2012 de la Dirección General de Aguas, que constituía un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas a favor de una empresa. El organismo fiscalizador no dio curso al acto administrativo porque el sector acuífero donde se ubicaba el derecho había sido declarado como área de restricción para nuevas explotaciones de aguas subterráneas. Conforme al artículo 66 del Código de Aguas, en esas zonas solo pueden constituirse derechos de aprovechamiento con carácter provisional, y no se advirtió que la situación de un acuífero en roca mencionada en los antecedentes hubiera sido considerada en dicha declaración de restricción.
Normas citadas
Código de Aguas
Resolución N° 66, de 2012
Resolución N° 293
Artículo 66 del Código de Aguas
ContraloríaCGRdictamenaguas
Preguntas frecuentes
¿Puede la Dirección General de Aguas constituir derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en un sector declarado área de restricción?
En este caso, la Contraloría representó la Resolución N° 66 de 2012 de la DGA porque el sector acuífero estaba declarado área de restricción. Conforme al artículo 66 del Código de Aguas, en esas zonas solo pueden constituirse derechos de carácter provisional.
¿Qué efecto tiene la declaración de área de restricción de un acuífero sobre nuevas solicitudes de aguas subterráneas según el Código de Aguas?
En este dictamen, la Contraloría sostuvo que, en un acuífero con esa declaración, solo proceden derechos de aprovechamiento provisionales, según el artículo 66 del Código de Aguas. Además, observó que no se consideró en la declaración la situación de un acuífero en roca mencionada en los antecedentes.
¿Cuándo debe la Contraloría negarse a dar curso a una resolución de la DGA que constituye un derecho de aguas?
La Contraloría no dio curso a la Resolución N° 66 de 2012 porque el derecho se ubicaba en un sector declarado área de restricción para nuevas explotaciones de aguas subterráneas. Según el organismo, el acto no se ajustaba a la limitación del artículo 66 del Código de Aguas.
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