Un ex funcionario del Ministerio de Educación, calificado como exonerado político y tit…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
Un ex funcionario del Ministerio de Educación, calificado como exonerado político y titular de una pensión no contributiva por gracia, solicitó a la Contraloría General de la República la revisión de ese beneficio, alegando que en su cálculo no se incorporó la renta presunta que regula el reglamento de exonerados políticos. El Instituto de Previsión Social informó que la pensión estaba correctamente calculada y que la revisión no era procedente. La Contraloría resolvió que no procede la revisión porque, conforme al inciso cuarto del artículo 4° de la ley N° 19.260, ésta sólo puede efectuarse dentro de los tres años desde el otorgamiento del beneficio, plazo que ya se encontraba vencido al presentarse la solicitud. En consecuencia, ratificó en todas sus partes el dictamen N° 16.553, de 2010.
Normas citadas
ley 19260 art/4 inc/3
ley 19260 art/4 inc/4
dto 39/99 traps
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede revisarse una pensión de gracia de exonerado político si ya pasó el plazo legal desde su otorgamiento?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que no procede la revisión, porque el inciso cuarto del artículo 4° de la ley N° 19.260 sólo permite hacerla dentro de los tres años desde el otorgamiento del beneficio, y ese plazo ya estaba vencido al presentarse la solicitud.
¿Puede el beneficiario de una pensión de exonerado político pedir que se incorpore la renta presunta en su cálculo años después?
En este caso, el reclamo se fundó en que el cálculo no consideró la renta presunta del reglamento de exonerados políticos, pero la Contraloría lo rechazó por extemporáneo y ratificó el dictamen N° 16.553, de 2010, en todas sus partes.
¿Qué organismo decide sobre la revisión de una pensión no contributiva por gracia de exonerados políticos?
En este caso, el Instituto de Previsión Social informó que la pensión estaba correctamente calculada, y la Contraloría General de la República, al pronunciarse sobre la solicitud, concluyó que la revisión no era procedente por haber vencido el plazo legal.
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