La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de protección presentado por…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de protección presentado por un arrendatario de un predio rural contra los dueños del inmueble, quienes cerraron el acceso con candados y cadenas y expulsaron el ganado del recurrente. El tribunal consideró que dicha actuación constituye una vía de hecho arbitraria e ilegal que vulnera el derecho de propiedad del recurrente, mientras no exista un pronunciamiento judicial firme sobre el término del contrato de arrendamiento invocado por las recurridas. En consecuencia, ordenó a los propietarios retirar los candados y cadenas del acceso al predio y abstenerse de expulsar el ganado del recurrente, con costas.
Normas citadas
Decreto Ley 993
Código Civil
Artículo 1961 del Código Civil
acción de protecciónarrendamiento de predio rústicovía de hechoderecho de propiedadartículo 19 N°24 Constituciónartículo 1961 Código Civilartículo 10 Decreto Ley 993subrogación del arrendamiento por adquirente del dominio
Preguntas frecuentes
¿Puede el dueño de un predio rural cerrar el acceso y expulsar el ganado del arrendatario si cree que el contrato terminó?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt sostuvo que no, porque el cierre con candados y cadenas y la expulsión del ganado constituyen una vía de hecho arbitraria e ilegal que vulnera el derecho de propiedad del arrendatario mientras no exista una sentencia firme que ponga término al arrendamiento.
¿Cuándo procede el recurso de protección por el cierre de un predio arrendado?
En este caso, el tribunal acogió el recurso de protección presentado por el arrendatario contra los dueños que cerraron el acceso al predio y expulsaron su ganado, y les ordenó retirar los candados y cadenas y abstenerse de expulsar el ganado.
¿Un propietario puede tomar la posesión de su predio por cuenta propia cuando el arrendatario no quiere entregarlo?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió que no, porque el término del contrato de arrendamiento invocado por los propietarios no había sido declarado por un pronunciamiento judicial firme, por lo que la autotutela fue considerada ilegal.
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