El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa dirigido contra la Convención Constitucional. El Consejo concluyó que carece de competencia para conocerlo, porque el Reglamento General de la Convención la sujeta, como mínimo, a la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, pero encarga a su Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia supervigilar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y divulgación. Por ello, el reclamo no pudo admitirse a tramitación. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos desde la notificación, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 18.575
Ley N° 19.880
D.S. N° 13
D.F.L. N° 1
Artículo 59 de la Ley N° 19.880
reclamoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿El Consejo para la Transparencia es competente para conocer un reclamo por infracción a la transparencia activa contra la Convención Constitucional?
En este caso, el Consejo concluyó que carece de competencia para conocer el reclamo, porque el Reglamento General de la Convención encarga a su Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia supervigilar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, por lo que el reclamo fue declarado inadmisible.
¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo procede el recurso de reposición?
En este caso, el Consejo señaló que contra su decisión no procede el recurso de reposición, sino el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, que debe presentarse dentro de 15 días corridos desde la notificación.
¿A qué normas de transparencia está sujeta la Convención Constitucional según este pronunciamiento?
En este caso, el Consejo sostuvo que el Reglamento General de la Convención la sujeta, como mínimo, a la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, sin perjuicio de que la supervigilancia de sus obligaciones de transparencia recae en su propia Secretaría.
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