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La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución de la Dirección Gene…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba un convenio de reprogramación y aumento de recursos del contrato de asesoría a la inspección fiscal de la C.E.C.V., II Etapa, VI Región. Al examinar los antecedentes reingresados, el organismo fiscalizador había observado la incorporación de un encargado de gestión silvoagropecuaria y de una asistente social, perfiles no considerados en la licitación original y que, a su juicio, debieron preverse desde el inicio de la contratación. El servicio sostuvo que estos cargos se justificaban por actividades pendientes al término del contrato, principalmente los planes de manejo forestal y social. La Contraloría concluyó que esas explicaciones no bastaban para desvirtuar el reparo sobre la superposición de funciones de la asistente social con las de la asesoría externa contratada por la concesionaria para el proceso de relocalización, ni para justificar la postergación de una nueva licitación.

Normas citadas

  • Oficio N° 83
  • Oficio N° 64.148
  • Resolución N° 228, de 2009
  • Resolución exenta N° 067, de 2004
  • Oficio N° 64.148, de 2009
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Administración incorporar nuevos perfiles profesionales a un contrato de asesoría de inspección fiscal mediante un convenio de aumento de recursos?

En este caso, la Contraloría General de la República observó la incorporación de un encargado de gestión silvoagropecuaria y de una asistente social, perfiles no considerados en la licitación original y que debieron preverse desde el inicio. Las explicaciones del servicio no bastaron para desvirtuar el reparo.

¿Se justifica contratar personal adicional para actividades pendientes al término de un contrato de asesoría?

En este caso, el servicio sostuvo que los cargos se justificaban por actividades pendientes, como los planes de manejo forestal y social. La Contraloría concluyó que esa justificación no era suficiente para respaldar la contratación.

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