Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba un convenio de reprogramación y aumento de recursos del contrato de asesoría a la inspección fiscal de la C.E.C.V., II Etapa, VI Región. Al examinar los antecedentes reingresados, el organismo fiscalizador había observado la incorporación de un encargado de gestión silvoagropecuaria y de una asistente social, perfiles no considerados en la licitación original y que, a su juicio, debieron preverse desde el inicio de la contratación. El servicio sostuvo que estos cargos se justificaban por actividades pendientes al término del contrato, principalmente los planes de manejo forestal y social. La Contraloría concluyó que esas explicaciones no bastaban para desvirtuar el reparo sobre la superposición de funciones de la asistente social con las de la asesoría externa contratada por la concesionaria para el proceso de relocalización, ni para justificar la postergación de una nueva licitación.