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La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por un…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por una funcionaria municipal en contra de la Municipalidad de Curanilahue, tras su remoción del cargo de Directora de Seguridad Pública y Convivencia Comunitaria. El tribunal determinó que dicho cargo no era de exclusiva confianza del alcalde, por lo que su destitución, efectuada mediante un oficio y sin un procedimiento disciplinario previo, resultó arbitraria e ilegal. Se consideró que el acto vulneró las garantías constitucionales del artículo 19 N° 24 (derecho de propiedad) y la igualdad ante la ley, al aplicar un régimen de terminación de servicios que no correspondía. En consecuencia, se dejó sin efecto la remoción, se ordenó la reincorporación de la recurrente a su cargo y el pago de las remuneraciones adeudadas desde su separación hasta su reintegro efectivo, sin costas.

Normas citadas

  • Ley N° 18.695
  • Oficio Ord. N° 1.431
  • Artículo 16 bis de la Ley N° 18.695
  • Ley 20.965
  • Artículo 47 de la Ley 18.695
  • Ley N° 18.883
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 20.695
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Preguntas frecuentes

¿Puede un alcalde remover de su cargo a un director municipal mediante un simple oficio?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Concepción determinó que el cargo de Director de Seguridad Pública y Convivencia Comunitaria no era de exclusiva confianza del alcalde, por lo que la remoción por oficio, sin procedimiento disciplinario previo, fue arbitraria e ilegal.

¿Qué efectos tiene un recurso de protección que acoge la remoción arbitraria de un funcionario municipal?

En este caso, la Corte dejó sin efecto la remoción, ordenó la reincorporación de la funcionaria a su cargo y el pago de las remuneraciones adeudadas desde su separación hasta su reintegro efectivo, sin costas.

¿Vulnera la desvinculación irregular de un funcionario municipal el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley?

En este caso, la Corte sostuvo que la destitución vulneró el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 y la igualdad ante la ley, al aplicarse un régimen de terminación de servicios que no correspondía al cargo.

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