Resumen del criterio jurisprudencial
Karima Patricia Castillo Concha interpone recurso de protección en contra de su vecina Karina Andrea Ponce Flores por la instalación de dos cámaras de seguridad en la propiedad contigua que captan imágenes de su patio y vida privada. La demandante alega vulneración de sus garantías fundamentales de protección de la vida privada, inviolabilidad del hogar e integridad física, así como incumplimiento de la Ley N° 19.628. La recurrida justifica la instalación de las cámaras para disuadir delitos en su propiedad donde opera un negocio familiar. La Corte Suprema acoge el recurso de protección y ordena a la demandada ajustar el funcionamiento de las cámaras al perímetro exacto de su domicilio, de manera que no alcancen a registrar el interior de la propiedad de la recurrente. La sentencia reconoce el derecho de los particulares a instalar sistemas de seguridad, pero establece límites cuando estos afectan derechos fundamentales de terceros.