La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un reclamo contra la Dirección General de Ag…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un reclamo contra la Dirección General de Aguas por la demora injustificada de más de ocho años en resolver una reconsideración administrativa. El tribunal declaró el decaimiento del procedimiento sancionador y dejó sin efecto las resoluciones impugnadas, por vulneración del debido proceso y seguridad jurídica. La tardanza inexcusable de la Administración, al exceder todo plazo razonable, priva de eficacia al acto administrativo, desvirtuando el fin del procedimiento y vulnerando los principios de celeridad, economía procedimental y debido proceso. En consecuencia, se acogió el reclamo sin costas, dejando sin efecto las resoluciones de la DGA de 2017 y 2025.
Normas citadas
Código de Aguas
Ley N° 19.880
Artículo 137 del Código de Aguas
Artículo 136 del Código de Aguas
Resolución N° 377
Resolución Exenta N° 1805
Artículo 3° de la Ley N° 19.880
decaimiento del acto administrativodebido procesoseguridad jurídicadilación excesivaprincipio de juridicidadrecurso de reclamación
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si la Administración tarda años en resolver un procedimiento sancionador de aguas?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo contra la Dirección General de Aguas por una demora injustificada de más de ocho años, declaró el decaimiento del procedimiento sancionador y dejó sin efecto las resoluciones impugnadas.
¿Cuándo se considera que un acto administrativo pierde eficacia por demora de la Administración?
Según este fallo, la tardanza inexcusable de la Administración, al exceder todo plazo razonable, priva de eficacia al acto administrativo, porque desvirtúa el fin del procedimiento y vulnera los principios de celeridad y debido proceso.
¿Qué principios vulnera una demora excesiva de la DGA en una reconsideración administrativa?
La Corte sostuvo que la demora de la Dirección General de Aguas en resolver la reconsideración vulneró el debido proceso, la seguridad jurídica, la celeridad y la economía procedimental, lo que llevó a acoger el reclamo sin costas.
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