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La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de…

Sentencia · Corte Interamericana de Derechos Humanos · 2006

Resumen

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de Chile por violar la libertad de pensamiento y expresión y la protección judicial, al negar información pública sobre un proyecto de inversión. El tribunal ordenó al Estado adoptar medidas de reparación y garantizar el acceso a la información pública. En su voto razonado, el juez S.G.R. sostuvo que las garantías del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no solo se aplican a procesos judiciales, sino también a procedimientos administrativos que definen derechos y deberes, como el deber de fundamentación, independientemente de que exista un control judicial posterior.

Normas citadas

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos
Corte IDHcaso contencioso

Preguntas frecuentes

¿Puede el Estado de Chile ser responsable internacionalmente por negar el acceso a información pública sobre un proyecto de inversión?

En este caso, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional de Chile por violar la libertad de pensamiento y expresión y la protección judicial al negar información pública sobre un proyecto de inversión, y ordenó medidas de reparación y garantizar el acceso a la información.

¿Las garantías del artículo 8 de la Convención Americana se aplican a procedimientos administrativos o solo a procesos judiciales?

Según el voto razonado del juez S.G.R., las garantías del artículo 8 de la Convención Americana no solo rigen en procesos judiciales, sino también en procedimientos administrativos que definen derechos y deberes, como el deber de fundamentación, aunque exista control judicial posterior.

¿La administración del Estado tiene el deber de fundamentar sus decisiones que afectan derechos de las personas?

En su voto razonado, el juez S.G.R. sostuvo que el deber de fundamentación forma parte de las garantías del artículo 8 de la Convención Americana y se exige en procedimientos administrativos que definen derechos y deberes, independientemente de que exista un control judicial posterior.

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