Resumen del criterio jurisprudencial
La Contraloría General de la República se pronuncia sobre la solicitud de la Municipalidad de Río Verde respecto a la contratación de un prestador de servicios a honorarios para desempeñarse como fiscal instructor en un sumario administrativo. Se rechaza la procedencia de tal contratación, estableciendo que existen funcionarios municipales con igual o mayor jerarquía que pueden cumplir esta función. Se precisa que la labor de fiscal instructor no requiere necesariamente de un abogado, sino de un servidor público con la jerarquía correspondiente. Se indica que solo en caso de acreditarse la inexistencia de funcionarios habilitados, la Contraloría Regional podría sustanciar el procedimiento disciplinario.