Resumen del criterio jurisprudencial
Ratificó que el gravamen aplicado a compañías con ingresos superiores a los 50 millones de euros no vulnera los principios de igualdad ni de capacidad contributiva. La resolución determina que la actividad regulatoria se vincula directamente con las entidades de mayor peso económico, quienes deben sostener el gasto de supervisión para garantizar la autonomía del organismo. Este modelo asegura recursos estables y previene la injerencia del gobierno en las decisiones de mercado.