El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado en un juicio de aumento de pensión alimenticia. La requirente cuestionaba la frase del artículo 26 de la Ley 19.968 que declara inapelables las decisiones sobre incidentes, y el artículo 67 N°2 de la misma ley. El Tribunal concluyó que, en el caso concreto, esos preceptos no se aplicaron de modo contrario al derecho a defensa ni a un racional y justo procedimiento. Lo fundó en que la parte no se opuso oportunamente a la prueba pericial decretada ni impugnó a los peritos, y en que sí recurrió las resoluciones que la afectaban, incluidas multas y apercibimientos, las que fueron conocidas por el tribunal. Además, la pericia buscaba esclarecer la situación económica relevante para evaluar el cambio de circunstancias invocado en el juicio de alimentos.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional que la ley declare inapelables las decisiones sobre incidentes en juicios de alimentos?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que el artículo 26 de la Ley 19.968 no se aplicó de modo contrario al derecho a defensa ni a un racional y justo procedimiento. Lo fundó en que la parte no se opuso oportunamente a la prueba pericial ni impugnó a los peritos.
¿La inapelabilidad de incidentes vulnera el derecho a defensa si la parte no impugnó oportunamente la prueba pericial?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que no hubo vulneración, porque la parte no se opuso oportunamente a la pericia decretada ni impugnó a los peritos. Además, la pericia buscaba esclarecer la situación económica relevante para evaluar el cambio de circunstancias invocado.
¿Se puede pedir la inaplicabilidad del artículo 67 N°2 de la Ley 19.968 si la parte sí recurrió las resoluciones que la afectaban?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque la parte sí recurrió las resoluciones que la afectaban, incluidas multas y apercibimientos, y esos recursos fueron conocidos por el tribunal. Por ello, no se acreditó una aplicación contraria al racional y justo procedimiento.
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