El Tribunal Constitucional desestimó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitu…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional desestimó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluye la sustitución de penas privativas de libertad en determinados delitos, entre ellos la violación impropia del artículo 362 del Código Penal. La parte requirente sostenía que dicha exclusión vulneraba la Constitución. El tribunal concluyó que la historia fidedigna del establecimiento de la norma entrega razones suficientes que no contradicen los valores y principios de la Carta Fundamental, y que la regla impugnada no resulta desproporcionada ni imposible de aplicar. Por ello, el requerimiento fue rechazado. La sentencia contó con una prevención y una disidencia de ministros del tribunal.
Tribunal ConstitucionalINADelito de abuso sexualDelitos Contra La Integridad SexualPrincipio de proporcionalidad de la PenaDebido Procesopenas sustitutivasViolacion
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir la sustitución de penas privativas de libertad para delitos sexuales como la violación impropia?
En este caso, el Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento y concluyó que la exclusión prevista en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216 no contradice la Constitución, pues la historia fidedigna de la norma entrega razones suficientes y la regla no resulta desproporcionada ni imposible de aplicar.
¿Puede un condenado pedir la inaplicabilidad de la prohibición de sustituir penas por violación impropia?
En este caso, la parte requirente sostuvo que la exclusión de la sustitución de penas para la violación impropia del artículo 362 del Código Penal vulneraba la Constitución, pero el tribunal rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
¿Qué criterios usa el Tribunal Constitucional para revisar la proporcionalidad de la exclusión de penas sustitutivas?
En este caso, el tribunal examinó la historia fidedigna del establecimiento de la norma y consideró que no era desproporcionada ni imposible de aplicar, por lo que no contradecía los valores y principios de la Carta Fundamental. La sentencia contó con una prevención y una disidencia de ministros.
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