Resumen del criterio jurisprudencial
La defensa de los imputados solicitó la revocación de la resolución de 11 de agosto de 2026 que no hizo lugar al sobreseimiento definitivo, alegando que el Ministerio Público presentó la acusación el 17 de marzo de 2025 pero no acompañó los antecedentes de investigación hasta el 17 de abril de 2026, lo que afectaría el derecho a defensa y el debido proceso. El Ministerio Público pidió el rechazo del recurso, señalando que la acusación se presentó en tiempo y forma y que los antecedentes fueron finalmente puestos a disposición. La Corte confirmó la resolución apelada, razonando que la acusación cumple los requisitos del artículo 259 del Código Procesal Penal y que la omisión de poner los antecedentes a disposición no priva de validez a la acusación. La afectación al derecho a defensa debe repararse por los mecanismos procesales correspondientes, no mediante el sobreseimiento definitivo del artículo 247 del mismo código.