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La Corte Suprema acogió el reclamo de ilegalidad de una corporación educacional contra…

Sentencia · Corte Suprema · 2024

Resumen

La Corte Suprema acogió el reclamo de ilegalidad de una corporación educacional contra resoluciones de la Superintendencia de Educación que la sancionaban por cambio de local del establecimiento. El máximo tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena y dejó sin efecto las sanciones, por considerar que la autoridad administrativa actuó fuera del plazo de prescripción de seis meses establecido en el artículo 86 de la Ley N° 20.529, vulnerando los principios de celeridad y eficiencia. El hecho sancionado ocurrió en febrero de 2020 y el proceso sancionatorio se inició recién en diciembre de 2021, por lo que la potestad sancionadora estaba prescrita. No obstante, se precisó que la Superintendencia conserva plenamente sus facultades de fiscalización para velar por el cumplimiento de la normativa educacional.

Normas citadas

  • Ley N° 20.529
  • Artículo 85 de la Ley N° 20.529
  • Artículo 186 del Código de Procedimiento Civil
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Preguntas frecuentes

¿Prescribe la potestad sancionadora de la Superintendencia de Educación por cambio de local de un establecimiento educacional?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que sí, porque la Superintendencia inició el proceso sancionatorio fuera del plazo de prescripción de seis meses del artículo 86 de la Ley N° 20.529, por lo que dejó sin efecto las sanciones.

¿Puede una corporación educacional reclamar de ilegalidad contra sanciones de la Superintendencia de Educación por plazo de prescripción vencido?

En este caso, la Corte Suprema acogió el reclamo de ilegalidad de la corporación y confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, al estimar que la autoridad actuó fuera de plazo y vulneró los principios de celeridad y eficiencia.

¿La prescripción de la potestad sancionadora de la Superintendencia de Educación impide también su fiscalización?

En este caso, la Corte Suprema precisó que la prescripción no afecta las facultades de fiscalización, pues la Superintendencia conserva plenamente su potestad para velar por el cumplimiento de la normativa educacional.

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