Resumen del criterio jurisprudencial
El recurrente Iván Rodrigo Hernández Montenegro interpuso un recurso de protección contra la Tesorería General de la República por la emisión, notificación y ejecución de resoluciones administrativas de cobro de una deuda derivada del financiamiento de sus estudios superiores bajo la Ley N°20.027. La Corte de Apelaciones acogió el recurso, pero la Tesorería apeló. La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección. El tribunal consideró que la acción de protección es de naturaleza cautelar y no constituye una instancia para declarar derechos que requieran debate o discusión propios de un procedimiento de lato conocimiento. En este caso, lo que se discute es la naturaleza jurídica del crédito y la determinación del tribunal competente y el procedimiento aplicable, cuestiones que exceden el ámbito de la acción cautelar. Por lo tanto, la pretensión del recurrente no puede ser resuelta por esta vía.