Resumen del criterio jurisprudencial
Moción parlamentaria que propone modificar la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios para prohibir la celebración de contratos o convenios con el Estado a personas condenadas por delitos contra la probidad administrativa. La iniciativa surge como respuesta a casos de fraude estatal detectados, particularmente el de la Fundación Democracia Viva de Antofagasta, que se adjudicó contratos por aproximadamente $426 millones de pesos mediante trato directo. Los proponentes argumentan que se han identificado patrones similares de corrupción en al menos 8 regiones del país, representando fraudes por miles de millones de pesos. La propuesta busca reforzar los mecanismos de control en las compras públicas y establecer sanciones ejemplares sin limitación temporal para los condenados por delitos de probidad administrativa.