Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó la reclamación judicial interpuesta por el Colegio Particular Melipilla contra la resolución de la Superintendencia de Educación que le aplicó una multa de 60 UTM por no activar los protocolos de maltrato e ideación suicida tras tomar conocimiento de hechos de maltrato físico y psicológico contra una alumna. El colegio argumentó que una medida cautelar del Tribunal de Familia le prohibía intervenir más allá de lo académico, lo que impedía activar los protocolos. La Corte sostuvo que la medida cautelar no eximía al establecimiento de su obligación normativa de iniciar actuaciones de registro, protección y derivación. Además, consideró que la sanción era proporcional y se ajustaba al principio de legalidad. La reclamación fue desestimada por no acreditarse vicio o arbitrariedad en la resolución impugnada.