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El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo al derecho de acceso a la informaci…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2013

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo al derecho de acceso a la información presentado contra el Ministerio de Educación, referido a la entrega de antecedentes funcionarios de una exfuncionaria. En la parte resolutiva, el Consejo acogió el amparo y ordenó al ministerio entregar la información solicitada, aunque también representó al Subsecretario de Educación por no haber comunicado la solicitud a la tercera involucrada, omitiendo el procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia, y por no haber aplicado el principio de divisibilidad ni dado cumplimiento al artículo 21 de la Ley N° 19.628, al entregar la información sin resguardar los datos personales. Asimismo, encomendó notificar la decisión a la solicitante, al Subsecretario y a la tercera involucrada, y dejó constancia de que en contra de la resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, sin que proceda el recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoTrabajo

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si el organismo público no notifica a un tercero involucrado antes de entregar la información solicitada?

En este caso, el Consejo para la Transparencia representó al Subsecretario de Educación por no haber comunicado la solicitud a la tercera involucrada, omitiendo el procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

¿Debe aplicarse el principio de divisibilidad al entregar información con datos personales?

En este caso, el Consejo representó al ministerio por no haber aplicado el principio de divisibilidad ni dado cumplimiento al artículo 21 de la Ley N° 19.628, al entregar la información sin resguardar los datos personales.

¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo dejó constancia de que en contra de la resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, sin que proceda el recurso de reposición.

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