El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2012
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado contra la Policía de Investigaciones de Chile. El requirente solicitó antecedentes sobre consultas al sistema de gestión policial GEPOL respecto de una persona, incluyendo la identificación del funcionario que las realizó, la fecha de la consulta y copia de las órdenes que las justifican. El organismo se negó a entregar esa información, lo que motivó el reclamo ante el Consejo. Este estimó que la negativa no se ajustaba a la Ley de Transparencia y ordenó al Director General de la Policía de Investigaciones entregar la documentación pedida, indicando el nombre del funcionario y la fecha de la consulta, además de las órdenes que la justifican, o señalar expresamente si estas no existen. El cumplimiento debe efectuarse dentro de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en la ley, e informarse al Consejo para su verificación.
Normas citadas
Decreto Supremo 13 2009 Reglamento
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo público negarse a entregar información sobre consultas a sistemas policiales invocando la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que la negativa de la Policía de Investigaciones no se ajustaba a la Ley de Transparencia y acogió el amparo, ordenando entregar la información solicitada.
¿Qué debe hacer un organismo público si no existen las órdenes que justifican una consulta a un sistema de gestión policial?
En este caso, el Consejo ordenó al Director General de la Policía de Investigaciones entregar las órdenes que justifican la consulta o señalar expresamente si estas no existen.
¿En qué plazo debe cumplirse una orden del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo de acceso a la información?
En este caso, el Consejo dispuso que el cumplimiento debía efectuarse dentro de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la ley, e informarse al Consejo para su verificación.
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